Las universidades públicas se defienden con la verdad y con resultados

 

Campo Pagado CONARE- Periódico La Nación

 

Ante las afirmaciones hechas por el diputado liberacionista Wagner Jiménez en contra de las universidades públicas, en su artículo de opinión titulado “Rectores impiden avance de la educación superior”, publicado el viernes 30 de agosto en el periódico La Nación, el Consejo Nacional de Rectores rechaza de forma contundente los argumentos esgrimidos y la manipulación de datos que hace reiteradamente el legislador en relación con el Sétimo Informe del Estado de la Educación, para confundir a la población y atacar la gestión de las universidades estatales.

- No es cierta la aseveración del diputado de que los rectores impiden el avance de la educación superior pública; esta es una acusación personal, injusta y carente de sustento.  Las afirmaciones del diputado Wagner Jiménez, quien preside la comisión legislativa que estudia el FEES, se distancian de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo de un tema trascendental como lo es el estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública. Esa posición pre establecida pone en entredicho la credibilidad del trabajo de la Comisión, donde debería prevalecer un debate constructivo y equilibrado. Sin embargo, la intención mostrada por el diputado Wagner Jiménez es desacreditar y perjudicar sistemáticamente a las universidades estatales, mediante manifestaciones sin sustento.

 

- Es incorrecto indicar que hasta ahora, con la creación de la comisión legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), se conocerá cómo se administran los recursos universitarios, dado que ha habido dos comisiones legislativas previas que han estudiado a fondo las universidades públicas con resultados favorables y positivos para ellas.  Las universidades públicas, como otras instituciones estatales, someten sus presupuestos a aprobación de la Contraloría General de la República, además rinden cuentas presentando: cuatro informes de ejecución presupuestaria, además de un informe de liquidación y dos evaluaciones del Plan Anual Operativo y Presupuestario. A esto se suman las auditorías internas de cada universidad y las auditorías especiales ejecutadas por parte de la Contraloría y además se informa anualmente sobre la gestión universitaria pública, con indicadores específicos a la Comisión de Enlace. Los procesos de planificación de las universidades se ajustan al Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES), que incluye los objetivos, las estrategias y las metas, cuyo cumplimiento se evalúa con 114 indicadores.

 

- El diputado Jiménez subestima y desvaloriza el impacto de la actividad universitaria, su contribución económica y social.  El valor social y económico producido por las universidades estatales se refleja en la formación de talento humano de alta calidad y en la movilización social que facilita la educación universitaria pública. 

Datos expuestos en el último Informe del Estado de la Educación reafirman lo señalado: “la mitad de la población que asiste a la educación superior lo hace en una universidad pública”; “en el 2017, el 86,1% de los nuevos ingresos fueron estudiantes de colegios públicos o subvencionados”. (págs. 169 y 177) 

Cita el Informe que: “para el 2017, las universidades públicas atendieron el doble de estudiantes de 18 a 24 años del quintil más bajo que las privadas, en tanto que estas recibieron un 40% más del quintil más alto que las públicas”. (p. 173)

El 63% de los graduados en las universidades estatales provienen de hogares donde los padres no tienen título universitario. “El 67,4% de los graduados de las universidades públicas de primera generación, financió sus estudios mediante una beca de la institución”.  “Un grupo específico de primera generación que ha venido ampliando su acceso a las universidades públicas son los estudiantes indígenas”.  (págs. 174 y 176)

Estos resultados son producto de las medidas aplicadas por las universidades para aumentar el acceso de la población en condiciones más vulnerables.

 

- CONARE y las universidades públicas desde el año 2015 han hecho estudios actuariales, con proyecciones al año 2050, con el objetivo de analizar escenarios y tomar medidas sobre sus ingresos y egresos.  Las medidas de contención han producido un ahorro de más de 47 mil millones de colones en los últimos cuatro años.

 

- Otra de las afirmaciones erróneas dadas por el diputado Wagner Jiménez es que en “10 años la cobertura no creció y el 60% de los programas llevan una década sin actualizarse”.  Sobre el primer punto el Informe del Estado de la Educación indica, en la página 203, la matrícula del primer ciclo lectivo de las universidades estatales, en el año 2008 fue de 74.359 estudiantes, que durante los siguientes diez años ha tenido un crecimiento sostenido; siendo la matrícula de primer ciclo del 2018 de 107.456 estudiantes.  Comparativamente, las universidades privadas han tenido un decrecimiento de la matrícula regular para el primer período lectivo, en el 2012 representaba 101.226 estudiantes, en el 2018 corresponde a 85.382.

 

Sobre la segunda aseveración el Informe señala lo contrario:

“Con base en los datos del Sistema de Información (SIConesup), que reúne información de la oferta académica de las 54 universidades privadas autorizadas en el país, el Estado de la Educación estimó que el 83% de los 1.534 planes abiertos de las universidades privadas en 2018, tenían una antigüedad mayor de cinco años.

Al ampliar el período de estudio a diez años, se observa que el 60% de los programas no había gestionado modificaciones en más de una década.

En comparación con las universidades privadas, durante la última década todas las universidades estatales han realizado modificaciones curriculares o han creado carreras, aunque a ritmos diferentes”.

 

- Insistimos en retomar el diálogo sereno, objetivo e informado sobre la educación superior pública con la mira puesta en el desarrollo del país y el bienestar de nuestra población.