Campo Pagado
Ante la información publicada en la nota del periódico La Nación: “U públicas guardan ¢150.000 millones en títulos e inversiones”, el Consejo Nacional de Rectores manifiesta que:
El quehacer de las universidades públicas se orienta al cumplimiento de los objetivos y fines para los cuales han sido creadas, para ello se requiere bajo el principio de la sana administración de los recursos públicos, realizar la debida programación financiera para el uso de los mismos, según las necesidades y obligaciones, y velando en todo momento por la seguridad y disposición oportuna de los recursos.
El 97% de los recursos invertidos corresponde a colocaciones a menos de un año, lo que evidencia que son utilizados en la operación normal de las instituciones y el 3% restante está asociado a proyectos que por su naturaleza o procesos de contratación transcienden este periodo, como son por ejemplo las edificaciones, o la adquisición de equipo especializado.
Ejemplo de las operaciones atendidas con los recursos en cuestión y de su temporalidad, se identifican fondos especiales de becas a estudiantes, reserva para aguinaldos, garantías de cumplimiento, pago de obligaciones legalmente constituidas con proveedores y recursos destinados a proyectos de infraestructura o equipamiento.
Hay proyectos cuyos recursos por su programación conllevan inversiones a más de un año. El mejor ejemplo son los procesos de edificación de obras que incluyen: la planificación, la elaboración de los diseños y planos, los permisos de diferentes entidades (municipalidades, SETENA, colegios profesionales, entre otros) y el proceso licitatorio. Estas actividades si bien están programadas, sus tiempos de ejecución pueden verse afectados por factores que no dependen de las propias universidades.
Las inversiones de las universidades estatales, se realizan únicamente por medio del Sistema Bancario Estatal o en instrumentos financieros emitidos por el propio Gobierno, lo que garantiza su seguridad y respaldo.
Por otra parte, es importante mencionar que los intereses que generan estas inversiones son utilizados en el cumplimiento de los planes universitarios, no se acumulan, se incluyen en los presupuestos institucionales, en donde se explica su uso y además son aprobados por Contraloría General de la República y luego fiscalizados por este ente. Ejemplo del uso de los intereses son la adquisición de bienes en programas de vida estudiantil, mantenimiento de instalaciones y la adquisición de materiales y servicios para su operación.
Las inversiones en títulos valores realizadas por las universidades NUNCA se han hecho con el fin de “generar o acumular riqueza” como se ha insinuado, sino que se utilizan para la atención de la operación normal y el cumplimiento de sus objetivos.
Es incorrecto interpretar los superávits de las universidades como recursos sobrantes. En el superávit se encuentran recursos recibidos por las universidades para un fin específico y no pueden ser utilizados para otros propósitos (superávit específico) y aquellos denominados “libres” que, si bien se muestran en principio como recursos no ejecutados, corresponden a proyectos y compromisos de las instituciones que transcienden el período presupuestario, que es de un año calendario.
Las inversiones que realizan las universidades en infraestructura y equipo son de una magnitud y especialización que en la mayoría de los casos se logran con la reserva de algunos recursos de periodos anteriores, por tanto, debe asegurarse su resguardo y una administración eficiente de los mismos, que aseguren el mantener su valor adquisitivo para cuando la obra se concrete.
Muestra de lo anterior es la eficiente y eficaz ejecución que han hecho las universidades públicas del Programa de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES) financiado por el Banco Mundial por un monto de US$ 200 millones, que ha sido ejecutado en un período de cinco años y que concluye el 31 de diciembre de este año.
Este proyecto es un buen ejemplo, porque nos permite con un caso específico y concreto explicarle a los costarricenses, cuatro puntos:
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La ejecución y los compromisos legalmente constituidos al 30 de setiembre, representan el 97% del crédito, habiéndose desembolsado ya 199 millones de dólares. Este crédito es considerado por el Banco Mundial como uno de los mejor ejecutados en tiempo y monto por el país, comparado contra toda la cartera crediticia de proyectos en ejecución.
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Durante los cinco años de su vigencia, los presupuestos universitarios mostraron en sus liquidaciones anuales superávits importantes, debido a que este tipo de proyectos son de carácter plurianual.
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La metodología que utiliza la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para todos los créditos externos es la colonización total del crédito al inicio del proyecto, por lo que este es un factor externo que obliga a las universidades públicas a demostrar en sus presupuestos un monto enorme (que en este caso en su conjunto es de 100 mil millones de colones) al inicio de la ejecución y que va disminuyendo en el tiempo conforme se revalidan los saldos.
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Por último, pero no menos importante; este proyecto ha rendido informes durante toda su ejecución: trimestrales al Ministerio de Hacienda, semestrales al Banco Mundial, anuales a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Enlace Gobierno-Universidades.
Adicionalmente, ha sido fiscalizado por las auditorías internas de las universidades estatales y la Contraloría General de la República. A su vez cuenta con una Comisión de Seguimiento y Evaluación externa, que en este caso es un equipo interdisciplinario de la Universidad de Salamanca.
Finalmente, al término del mismo se realizará una evaluación integral y externa de la ejecución técnica, financiera, el logro de sus metas y el cumplimiento de 5 indicadores de los objetivos (95%) y de 11 indicadores intermedios del proyecto (90%).
Bajo el principio de la sana administración de los recursos públicos, las universidades estatales han hecho un uso eficiente y responsable de estos, lo que se evidencia en los informes financieros y presupuestarios entregados a la Contraloría General de la República y a la Contabilidad Nacional, entre otras entidades, como parte de los procesos de transparencia y rendición de cuentas.