Colaboró con la información:
Andrés Araya Araya,coordinador del Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SubGIRH)
En Costa Rica existen cuatro tipos de operadores del servicio de agua potable y saneamiento: las municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). Estos tres últimos brindan un servicio regulado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que se materializa a través del cobro de tarifas autorizadas a los abonados.
Durante la emergencia del COVID-19 uno de los principales retos que los operadores han enfrentado y que pone en riesgo sobre todo a muchas ASADAS, es la directriz 076-S de la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Salud, la cual se emitió el 19 de marzo del 2020 a partir de una solicitud de la ARESEP.
Esta directriz insta a los operadores de agua potable y saneamiento mencionados a restablecer el servicio a todos los usuarios que a la fecha de su emisión tengan sus servicios cortados por falta de pago e invita a detener la corta futura de servicios por morosidad de los usuarios. Se justifica esta normativa para mantener el suministro de agua y así mitigar la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. La vigencia de esta directriz es de 60 días naturales a partir de su publicación e indica que no se está autorizando la suspensión de la obligación de pago, ni la condonación de deudas por morosidad.
Andrés Araya Araya,coordinador del Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SubGIRH) de la Universidad Técnica Nacional (UTN), indicó que desgraciadamente,algunas ASADAS reportan consultas y manifestaciones de la población atendida en el sentido de una interpretación de la directriz que habilita al no pago generalizado del servicio de agua potable, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la ASADA y por lo tanto del servicio de agua potable en cantidad, calidad y sostenibilidad.
“Sumado a esto no se consultó, ni compartió con el sector de la Gestión Comunitaria del Agua en Costa Rica el análisis del impacto económico que se proyectaba que esta directriz iba a tener sobre las finanzas de los operadores. Así mismo la directriz no invita a la población que si puede pagar el servicio para que lo siga haciendo, ni tampoco define con claridad el mecanismo que debe realizarse para identificar a los abonados que no pueden pagar y por lo tanto que no se les puede cortar el agua. En días posteriores a la emisión de la directriz, tanto el Ministro de Salud, el AyA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y algunas universidades han enviado mensajes para aclarar y solicitar a la población que debe pagar el recibo para garantizar la prestación del servicio”, indicó Araya.
Esta situación agrava hecho de estar en la época seca (aproximadamente diciembre a abril), en la cual los operadores comunitarios del servicio de agua potable ven los caudales de sus fuentes disminuidos sobre todo provincias muy pobladas como San José, Alajuela, Heredia y otras periféricas que desarrollan actividades económicas como el turismo y la producción agropecuaria como Guanacaste y Puntarenas.
A lo anterior hay que sumar el problema estructural histórico relacionado con el tamaño de las ASADAS en función de la cantidad de abonados que atienden. Según ARESEP para el 2018 el 53,3 % de las ASADAS en Costa Rica tiene menos de 150 abonados y solamente el 7,6% tiene más de 1000 abonados. En las zonas rurales, donde hay más dispersión de la población y en general menores ingresos, esta poca cantidad de abonados limita los montos por recaudación y se aumentan los costos de mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto por usuario, al no poder tener economías de escala.
“Por ejemplo, para una ASADA de 50 abonados es más costoso por abonado la compra de 10 kilómetros de tubería para proveer del servicio a una comunidad, que para una ASADA de 1000 abonados, en la cual hay más recaudación y el costo del metro de tubería por usuario es mucho menor”, mencionó Araya.
Se han planteado dentro de la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua y Saneamiento oficializada por el AyA en el 2015, la integración de ASADAS para contrarrestar las debilidades de los operadores comunitarios debido a la poca cantidad de usuarios, pero estos procesos a veces tienden a ser conflictivos social y legalmente por la apropiación que desarrollan las comunidades hacia los sistemas que en muchos casos han gestionado por décadas. Así, se potencia a la Asociatividad en la Gestión Comunitaria del Agua como una forma de lograr economías de escala, mediante compras conjuntas de bienes y servicios entre las distintas asociaciones que voluntariamente se han adherido a una federación, liga o unión de ASADAS, como se ha expuesto y analizado en los distintos encuentros nacionales de Asociatividad realizados en Costa Rica, cuya primera edición se realizó en la UTN en el año 2015.
Es por esto, que en la situación actual que vive el país ante la emergencia nacional por el COVID-19, se hace imperante que la población cuente con agua potable para realizar el protocolo de lavado de manos, consumo y de limpieza en general. Pero a la vez es urgente que los ciudadanos con posibilidades de hacer el pago puntual del servicio de agua lo sigan haciendo, con el fin de que los operadores puedan seguir dando el servicio en la calidad, cantidad y continuidad que establecen los estándares nacionales para garantizar la salud de la mayoría de la población.