Pronunciamiento oficial de CONARE
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su rechazo categórico a las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, quien señaló a las rectorías de las universidades públicas de incitar a la violencia a la comunidad estudiantil.
Resulta improcedente atribuir a las autoridades universitarias la promoción de actos violentos sin presentar elementos que sustenten tales señalamientos. Las universidades públicas costarricenses son espacios de pensamiento crítico, construcción de conocimiento y convivencia pacífica, comprometidos con el respeto al Estado de derecho.
La defensa de la educación pública constituye una causa legítima de interés nacional. Desde CONARE hemos respaldado las manifestaciones pacíficas y democráticas en defensa de este derecho, en el marco del respeto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico costarricense.
Preocupa que desde una posición de autoridad pública se utilicen declaraciones que estigmatizan al movimiento estudiantil y deslegitiman el ejercicio de sus derechos. Este tipo de señalamientos contribuye a la polarización y debilita las condiciones necesarias para el diálogo democrático.
Los desafíos nacionales deben atenderse mediante el diálogo transparente, el respeto institucional y la discusión fundamentada, no mediante expresiones que desacrediten a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse.
CONARE reafirma su respaldo al movimiento estudiantil y la educación pública de calidad en todos los niveles. El movimiento estudiantil no atenta contra el país: la protesta es una herramienta democrática fundamental para frenar políticas regresivas que comprometen el desarrollo nacional y el futuro de las mayorías.
El Poder Ejecutivo ha vulnerado la Constitución; la protesta universitaria no es un delito, sino un deber cívico indispensable para la defensa de la República.
Las universidades públicas costarricenses mantienen su compromiso con la paz social, el desarrollo nacional y la educación como pilar fundamental de la movilidad social y la construcción de oportunidades.
Rechazamos cualquier intento de silenciar o deslegitimar las voces críticas de la comunidad universitaria u otros sectores sociales. La defensa de la educación pública y de los derechos democráticos es fundamental para el fortalecimiento de una sociedad libre y pluralista.