Comunicado CONARE

22 de junio del 2023.  Las Universidades Públicas y el Consejo Nacional de Rectores rechazamos de forma contundente las declaraciones del presidente de la República, de las ministras y el ministro que integran la Comisión de Enlace realizada durante la conferencia de prensa posterior al Consejo Gobierno del miércoles 21 de junio del 2023.  Al respecto manifestamos:

1. La defensa de la educación pública es una prioridad país, porque es la base fundamental del Estado Social de Derecho y de nuestra democracia, lo que es clave para la movilidad social de la población costarricense. No podemos aceptar ningún menoscabo de la educación pública, y menos aquellos derivados de los vaivenes o intereses políticos, porque ello afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. 
2. El objetivo de la multitudinaria manifestación de diferentes sectores realizada el pasado martes 20 de junio fue claro y contundente: se realizó un llamado democrático a construir un “Pacto por la Educación Pública” que nos permita atender y solucionar la actual crisis educativa y se exigió el cumplimiento del mandato constitucional que establece el financiamiento de la educación pública no será inferior al 8% del Producto Interno Bruto, con miras a asegurar la sostenibilidad del sistema educativo público en Costa Rica con parámetros de inclusividad, calidad y pertinencia.
3. En ejercicio del derecho que asiste a toda persona de expresarse de manera libre y pacífica, las universidades públicas, participamos en esta marcha masiva y pluralista, articulada con diferentes sectores sociales del país, compartiendo y expresando la significativa preocupación por la urgencia de atender la crisis de la educación pública y de gestar acciones propositivas.
4. No se puede obviar, negar o descalificar el objetivo de la marcha, ni ignorar la crisis que sufre la educación pública, ni pretender esconder la sistemática disminución en su inversión, como lo ha hecho el señor presidente en la conferencia de prensa del 21 de junio. No es aceptable, en tales condiciones, que la persona que ejerce la máxima magistratura de nuestro país irrespete de esa manera a las miles de personas que alzamos la voz en defensa de la educación pública.
5. Cuando se recorta el presupuesto de la educación pública y se abandona el mandato constitucional de alcanzar al menos el 8% del PIB, se desconoce nuestra idiosincrasia, se borra nuestra historia y se incumple con nuestra Carta Magna, que lejos de propender al populismo, es la ley fundamental que regula nuestra convivencia en democracia, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con la ciudadanía. 
6. Por el contrario, cuando se invierte en educación pública, se propician las condiciones para que todo el tejido social supere limitaciones de tipo geográfico o socioeconómicas y salga adelante con ilusión, enfrentando la incertidumbre, la desesperanza, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, factores que acrecientan la inseguridad ciudadana.
7. Los desafíos que presenta nuestro sistema educativo son evidentes y la pandemia los recrudeció. El Gobierno debe garantizar soluciones concretas e inmediatas, como la declaratoria de emergencia nacional del sistema educativo público y la necesidad de un Pacto Nacional por la Educación Pública.
8. Lamentamos que nuevamente el Presidente de la República acuda a los ataques, a las descalificaciones, al discurso que divide, a cerrar la oportunidad de alianzas y el diálogo en la definición de una estrategia para salir de esta crisis de la educación pública que afecta a las actuales y futuras generaciones.
9. Señor Presidente, lo invitamos a abandonar la confrontación, a reconocer el ímpetu de miles que desfilamos por las calles capitalinas este 20 de junio, y le pedimos que escuche nuestras voces y gobierne a partir de consensos. Nunca la educación pública deberá ser motivo de polarizaciones, amenazas e irrespetos.